Perú está a punto de declarar en emergencia el mercado de comercialización de combustibles, una medida originada por el fuerte impacto de factores internacionales en los precios y el abastecimiento interno. El viceministro de Hidrocarburos, Marco Agama Rodríguez, explicó que tanto las actividades como los precios de petróleo, crudo y derivados se rigen según la oferta y la demanda. Desde el inicio de la guerra en Medio Oriente el 26 de febrero y el conflicto en el estrecho de Ormuz, el precio internacional del combustible comenzó a subir de manera incontrolable.
El alza de los precios no solo responde al incremento del barril de petróleo. El aumento del riesgo en el traslado marítimo elevó las primas de seguro de los barcos hasta un 1,000%, encareciendo aún más el combustible. Perú, al ser un importador neto de crudo, resulta especialmente vulnerable ante cualquier variación internacional: consume cerca de 240 mil barriles diarios, pero produce entre 30 mil y 40 mil solamente.
Las consecuencias ya se perciben en el ámbito local. En febrero, el galón de diésel se vendía a S/ 8,32 y en mayo alcanzó los S/ 14,18, un incremento del 70%. El precio de los gasoholes subió 78% y el GLP -también importado- aumentó 43%. Aunque en los últimos días se observa una leve tendencia a la baja en los precios internacionales, Perú sigue dependiendo en gran medida de factores externos, ya que no determina el precio de los combustibles importados.
Ante esta situación, el Ministerio de Energía y Minas avanza en un decreto supremo para declarar en emergencia el mercado nacional de comercialización de combustibles y crear una lista de bienes esenciales —diésel B5, gasolinas, gasoholes y GLP— que garanticen el suministro energético. La publicación de esta norma pasará ahora a la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), ya que el decreto involucrará directamente a dos entidades bajo su supervisión: Osinergmin, encargado de monitorear los precios a lo largo de toda la cadena, e Indecopi, responsable de investigar, fiscalizar y sancionar conductas especulativas o de acaparamiento.
El objetivo de la medida es proteger al consumidor frente a la especulación y el desabastecimiento, además de asegurar el acceso al combustible en el país. La PCM será responsable de promulgar el decreto en los próximos días, alineando el trabajo de Osinergmin e Indecopi para responder de manera efectiva a la crisis de precios y abastecimiento.
