La Alianza para la Innovación Automotriz, que agrupa a los principales fabricantes de vehículos en Estados Unidos, pidió al Congreso que apruebe una prohibición permanente de la venta, importación y fabricación de autos chinos, así como del hardware y software conectados de ese origen. El gremio solicita que la medida entre en vigor antes del 3 de enero de 2027, en medio del aumento de las tensiones comerciales y de seguridad entre Washington y Pekín.
En una carta dirigida a los líderes legislativos, el presidente ejecutivo de la organización, John Bozzella, sostiene que la industria automotriz china opera con prácticas de comercio desleal, subsidios estatales, robo de propiedad intelectual y posibles mecanismos de vigilancia. Advierte además que los vehículos conectados fabricados en China pueden recopilar y transmitir datos sensibles de los consumidores estadounidenses hacia ese país, lo que representa riesgos tanto para la economía como para la seguridad nacional.
Bozzella enfatiza que, aunque la amenaza aún no se ha materializado plenamente en territorio estadounidense, urge actuar por la dimensión global del fenómeno. Por ello, la asociación pide que la restricción se convierta en una política permanente antes del próximo receso legislativo. La solicitud del sector coincide con iniciativas en el Senado para vetar a empresas automotrices con más de 15% de propiedad china, aunque todavía no se ha aprobado ninguna ley en ese sentido.
En la Cámara de Representantes, los legisladores Debbie Dingell y John Moolenaar impulsaron una propuesta similar para proteger a la industria local de Detroit y frenar la creciente competencia extranjera. El posible veto también alcanzaría a compañías internacionales que no son chinas pero que tienen inversión parcial de ese país. Un ejemplo es Mercedes-Benz, cuyo mayor accionista, el grupo chino BAIC, posee casi 10% de los derechos de voto. El alcance final de la norma dependerá de cómo se calcule la propiedad vinculada a capital chino.
Actualmente los autos modernos capturan grandes volúmenes de información sobre los usuarios y su entorno, lo que ha incrementado la preocupación por una posible transferencia de datos hacia China. No obstante, hasta la fecha no hay casos comprobados de envío de información de conductores estadounidenses al gobierno chino; las advertencias se enmarcan como una valoración de riesgo. Si se aprueba la prohibición, las empresas deberán revisar sus inversiones, proveedores y estructuras accionarias para seguir operando en Estados Unidos. Una regulación amplia también podría reducir la oferta de vehículos y tecnologías, modificando la cadena de suministro automotriz global. La propuesta aún debe atravesar el proceso legislativo y todo indica que el umbral de propiedad aceptable y los productos incluidos seguirán siendo motivo de negociación.
